El Tribunal Superior Administrativo (TSA) otorgó al Ministerio de Trabajo, en la persona de su titular, Luis Miguel De Camps, un plazo de 30 días presentar sus escritos de defensa en torno al recurso en su contra sometido por la Asociación de Inspectores de la República Dominicana (Asitraredo).
La entidad acusa al funcionario de supuestamente "ordenar traslados arbitrarios a los representantes provinciales y regionales que laboran para esa entidad” y adeudarle más de 600 millones de pesos en pagos que no ha realizado.
El plazo está contenido en el auto No. 00786-2023, de fecha 18 de este mes, “con el cual se informa a las partes para que entreguen su escrito de defensa, tanto al demandado ente jurídico Ministerio de Trabajo, como al ministro Luis Miguel de Camps García, acusado como persona física”.
“Ordena a la Secretaría General (del tribunal) notificar a la instancia del expediente antes anotado, a la parte recurrida, Ministerio de Trabajo de la República Dominicana y el licenciado Luis Miguel De Camps García, así como a la Procuraduría General Administrativa, para que, en el término de 30 días a partir de la fecha de recibo, produzcan sus escritos de defensa sobre el fondo del recurso, así como para los incidentes que consideren pertinentes”, dice el TSA.
Una nota de prensa añade que De Camps fue notificado mediante acto de alguacil No. 103-23, de fecha 13 de febrero 2023, por el Centro Jurídico Batía Ramos, en donde se le emplaza a presentar sus medios de defensa.
En ese mismo documento, los inspectores acusan al funcionario de incumplimiento de pagos superiores a los 600 millones de pesos y "maltratos recurrentes en sus labores".
Oliver Batia, abogado de Asitraredo, dijo que se cuentan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos, lo que ha implicado la violación a resoluciones, convenios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), etc.
“La gestión del señor Luis Miguel de Camps García ha dejado de aplicar aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido el pago de viáticos, también ha perjudicado con el seguro médico, ha reducido de valor a las futuras pensiones, ha violado normas internacionales de la OIT y los ha sometido a traslados forzosos hasta de una región para otra”, dijo en la nota.
Los traslados
Citan entre los traslados anormales a Saturnino Nina Fortuna, representante local trasladado desde Puerto Plata a la provincia Independencia (Duvergé); Víctor Guerrero Ogando, representante local que fue trasladado de la provincia de Santiago de los Caballeros hasta la provincia de La Altagracia; Faye Julia Isabel, trasladada de Barahona a Sánchez Ramírez, situación que se ha dado con casi todos los representantes locales.
"No se estila que siendo el ministro de Trabajo el responsable de supervisar y regular las relaciones laborales y la seguridad social en el país y quien se encarga de hacer cumplir las leyes laborales y de proteger los derechos de los trabajadores, sea el protagonista de estos abusos", dijo Batia.
El plazo dado a Luis Miguel De Camps y al Ministerio de Trabajo vence el día 24 de marzo del año en curso.